| Con la provincia de Córdoba haciendo punta en materia de regulación del funcionamiento de engordes a corral bovinos (feedlots), otras provincias avanzan en la misma línea. Es el caso de Santa Fe, donde la diputada provincial Mónica Tomei ingresó un proyecto de ley con este mismo objeto.
“Para desarrollar este proyecto tuvimos una serie de consultas con especialistas del Inta como Aníbal Pordomingo y Ernesto Viglizzo, que han abordado la problemática de la cuestión ambiental de los feedlots, así como referentes de las universidades, el Senasa y la misma cámara de feedloteros”, comentó Gonzalo Miranda Aguiar, asesor de Tomei y uno de los elaboradores del proyecto de ley.
El objeto del proyecto es regular una actividad que fue creciendo en el país por la iniciativa de los actores privados del negocio ganadero, pero sin que existiera una normativa específica. Así fueron surgiendo inconvenientes entre los engordadores y las comunidades próximas a los feedlots. Al respecto, la diputada Tomei menciona los casos de las localidades santafesinas de Arroyo Seco y Venado Tuerto, que establecieron distancias mínimas de 3 y 5 km respectivamente desde el perímetro urbano para la instalación de los engordes.
“El riesgo de tener un feedlot cerca de un centro poblado es la proliferación de animales e insectos portadores de microorganismos que trasmiten enfermedades al hombre (…). Otra de las consecuencias es la inevitable desvalorización de la propiedad de los vecinos titulares de terrenos o casas cercanos a los corrales en actividad”, sostiene la legisladora en los fundamentos del proyecto.
“Debe quedar claro que el espíritu de este proyecto no es prohibir la actividad sino establecer que los emprendimientos de feedlot lo hagan cuidando el medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y procurando mejorar el plantel bovino de nuestra provincia”, sostiene la legisladora.
En concreto, el proyecto plantea que los engordes a corral no podrán funcionar a menos de 5 km de áreas urbanas y suburbanas, a menos de 2 km de un curso de agua superficial (ríos, lagunas) y a menos de un kilómetro de rutas nacionales, provinciales o caminos de alto tránsito.
Por otro lado, se les impone la condición de que la napa freática no se encuentre a menos de dos metros de profundidad.
Para los requisitos de cuidado ambiental, se establecieron cuatro categorías de feedlots, siendo los más chicos los de menos de 300 animales y los más grandes aquellos con capacidad para más de 4.000. A todas las categorías se les exigirá un certificado de aptitud ambiental, conforme la legislación santafesina, en tanto que las habilitaciones serán por tres años para las categorías menores y de dos años para las más grandes. Asimismo, los engordes serán sometidos a auditorías ambientales que tendrán en cuenta también el manejo nutricional, sanitario y de bienestar de los animales.
Además de establecer el manejo que deberán hacer de los efluentes y el estiércol que producen los corrales, el proyecto dispone que los feedlots ya en funcionamiento tendrán un plazo de seis meses, a partir de la promulgación de la ley, para realizar las adaptaciones a las nuevas exigencias o, llegado el caso, trasladarse para guardar las distancias mínimas establecidas.
Al igual que en el caso de Córdoba, el proyecto prevé un régimen sancionatorio que en los casos más graves establece multas de hasta el 100% del valor de los animales en producción.
Miranda Aguiar mencionó que existen en el Senado santafesino otras iniciativas también vinculadas a la reglamentación de esta actividad.
Buenos Aires va por su propia legislación
Otra importante provincia ganadera, Buenos Aires, trabaja también en la aprobación de una norma que regule la actividad del engorde a corral. En este sentido existe un proyecto del diputado por el Frente para la Victoria, Carlos Bonicatto, bastante más generalista que el de su colega santafesina Mónica Tomei, en el sentido que deja en manos de la autoridad de aplicación de la ley los requerimientos para el funcionamiento de los feedlots.
El proyecto exige la autorización de la autoridad de aplicación, distancias mínimas al ejido urbano y cursos de agua a criterio de los municipios, en tanto que es más flexible en la plazo de adecuación de los engordes ya existentes al otorgarles un año de plazo para su adecuación. | 
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